Para los dirigentes de la Cámara de Comercio de San Bernardo, la determinación adoptada por la Dirección del Trabajo Regional Metropolitana Oriente de suspender las funciones a público de una farmacia Salcobrand, emplazada en la comuna de La Cisterna, que fue víctima de un denominado “turbazo”, no es la más adecuada.
Desde el organismo gremial expresaron que “Sin analizar jurídicamente en detalle dicha resolución, se constituye una ‘falta de servicio por parte del Estado‘, lo cual los dueños de la Farmacia podrían demandar al Estado de Chile, ya que, la seguridad es un Derecho Constitucional. Es como el chiste de don Otto cuando sorprende a su mujer siéndole infiel en el sofá de su casa…. soluciona el problema vendiendo el sofá…. Tarea para los dirigentes de los Gremios que nos representan en las cúpulas del poder”.
Según consignó La Tercera: A mediados de la semana pasada una farmacia Salcobrand emplazada en la comuna de La Cisterna fue víctima de un denominado “turbazo”, cuando un grupo de 11 personas ingresó al recinto para robar una serie de artículos.
Producto de ello, la Dirección del Trabajo Regional Metropolitana Oriente decidió suspender las funciones a público de esa tienda. La causa de suspensión es el riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores”, sostuvo el organismo.
La decisión, se tomó luego de una denuncia realizada por la Federación de Trabajadores de Farmacia, agrupación que responsabilizó a la empresa por no contar con las medidas de seguridad necesarias. Acusación que fue acogida por el fiscalizador laboral.
Según señaló la Dirección del Trabajo al mencionado medio, se instruyó una fiscalización donde se constató que “en el lugar de trabajo los trabajadores estaban en peligro inminente debido a la acción delictual que se desarrolla en el entorno”. Así y considerando que “era imperioso asegurar la protección de la vida y la salud de los trabajadores (artículo 184 bis del Código del Trabajo), el equipo de fiscalización suspendió las labores del local y requirió al empleador que adoptara las medidas necesarias para la protección de la vida e integridad de los trabajadores y trabajadoras del local”, agregó. El organismo, además, señaló que “la causa y la suspensión es el riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores. Además, se fiscalizó la documentación laboral, de higiene y seguridad y el protocolo de prevención de riesgo ante actos de vandalismo”.