Cámara de Comercio de Santiago: “Creemos que la decisión de la Dirección del Trabajo traspasa a las empresas la responsabilidad y obligación que tiene el Estado de garantizar la seguridad pública e integridad de las personas”
En las últimas semanas de agosto, diferentes farmacias ubicadas en la comuna de La Cisterna fueron víctimas de turbazos. La Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias denunciaron que estas prácticas se “están volviendo costumbre” y desde organizaciones y municipios han tomado acciones.
En la misma comuna, en una misma jornada, dos farmacias Salcobrand sufrieron turbazos y días más tarde una sucursal de Farmacias Ahumada también registró un caso similar. Esto llevó a la Dirección del Trabajo a ordenar el cierre temporal de una de las sucursales afectadas, por no cumplir con protocolos de seguridad.
Fuentes policiales confirmaron a The Clinic que han detectado asaltos en grupo en diferentes locales comerciales, no solo en La Cisterna. Incluso, existen sospechas de que puede ser una misma banda la que opera en diferentes sectores.
Dos días después, ocurrió otro Turbazo en un supermercado muy cerca de una farmacia que fue clausurada temporalmente por la Dirección del Trabajo (DT) tras un robo similar.
De acuerdo al sitio digital Ex-Ante, ocurrió alrededor de las 19:00 horas del pasado viernes 30 de agosto. En ese momento, un grupo de personas entraron al Santa Isabel para robar diversos productos.
La Cámara Nacional del Comercio (CNC) mostró su inquietud por esta tendencia, asegurando que afecta a diversos comercios. En entrevista con el medio The Clinic, Sergio Morales, coordinador del Observatorio del comercio Ilícito y Seguridad de la CNC denuncia falta de contingente de seguridad y de coordinación entre autoridades con el sector privado.
“Hoy día nos encontramos en un momento muy complejo donde lo que más se necesita para evitar ese tipo de turbazo, o por ejemplo, lo que pasó recientemente con el cierre de esta farmacia por parte de la Dirección del Trabajo, es una mayor presencia de autoridades. Que obviamente sean incumbentes al tema de la seguridad pública. Ahora son los turbazos, después puede ser otra cosa, porque los delitos también van evolucionando.
El problema que yo veo hoy día es que los municipios, por mucho que puedan gestionar ciertas cosas, participar de ciertas detenciones, no cuentan con los equipos necesarios para poder hacer un mano a mano. No siempre tienen la dotación suficiente para poder cubrir. Los delincuentes eso lo saben”.
Frente a la suspensión de la atención al público de la farmacia ubicada en La Cisterna, la Cámara de Comercio de Santiago cuestionó esta resolución realizada por la DT.
“Creemos que la decisión de la Dirección del Trabajo traspasa a las empresas la responsabilidad y obligación que tiene el Estado de garantizar la seguridad pública e integridad de las personas”,
Radio Bio-Bio con el título “Causa y Efecto: privatización de la seguridad ante incapacidad del Estado de garantizarla”, publicó que “Tras sufrir dos ‘turbazos’ en pocos días, la Dirección del Trabajo decidió clausurar un local de una cadena farmacéutica en la comuna de La Cisterna, en la Región Metropolitana.
Esta situación generó una gran polémica, ya que la seguridad la deben garantizar las policías. No obstante, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta semana indicó que los empleadores no debieran desentenderse de este asunto. Con esto, también se alude a una corresponsabilidad con las empresas.
En esto, queda de manifiesto una renuncia, o más bien, el reconocimiento de una derrota del Estado chileno en cuanto al combate de la delincuencia. Asimismo, el traspaso de responsabilidad hacia el sector privado, es la consagración por parte del Poder Ejecutivo de la legitimidad de la privatización en la seguridad.
Esto hace que surjan una serie de interrogantes y un duro debate. ¿Con qué herramientas el mundo privado tendrá que garantizar su propia seguridad?
¿Esto va a significar que los municipios empiecen a adoptar guardias privados armados? Al paso que vamos, también se debería empezar a discutir acerca de la tenencia de armas.
Por lo pronto, hoy en día, quienes tienen recursos, pueden contratar a Carabineros en retiro que tengan autorización para portar pistolas.
Finalmente, la gran pregunta es cómo se compensará la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad de las personas. Perfectamente, se podría generar un mercado de protección al comercio, al margen de la ley.
Una semana después, la dirección del Trabajo (DT) reafirmó el deber legal de protección que tienen los empleadores con sus trabajadores y trabajadoras para garantizar su salud y seguridad. Esto tras la suspensión de labores a un local de Salcobrand, que sufrió dos “turbazos” en menos de cinco días.
El pasado 22 de agosto, el organismo fiscalizador decretó la suspensión temporal de labores a una sucursal de la farmacéutica, ubicada en La Cisterna. Esta, además de ser víctima de los actos delictivos antes mencionados, sufrió un intento de robo a una trabajadora en la puerta del local.
El hecho marcó un antecedente que la DT cree valioso destacar, porque luego de que la empresa tomara las medidas de seguridad y salud en relación a sus trabajadores, se levantó el acto de suspensión.