El 28 de abril de este año, entró en vigencia la ley que regula el acceso a servicios sanitarios y atención preferente a personas con enfermedades inflamatorias intestinales, también llamada ley “no puedo esperar” (N° 21.559).
Sin embargo, la normativa no ha alcanzado una difusión adecuada que permita tanto a locatarios o como a pacientes conocer sus deberes y derechos.
La normativa, que surgió como una moción parlamentaria en mayo de 2021, tiene como objetivo “asegurar el derecho al respeto de la dignidad humana y no discriminación de las personas con enfermedades inflamatorias intestinales, facilitándoles el acceso a servicios higiénicos de forma gratuita y expedita, así como la promoción y difusión a la comunidad y destinatarios de ella de su contenido y obligatoriedad”.
Esta ley va orientada a los pacientes que padecen colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn -ambas patologías que tienen sus orígenes en el tubo digestivo-, y no distingue entre su sistema de salud o el tratamiento médico que estén utilizando para tratar su enfermedad.
En su artículo 2°, la normativa explicita que estos pacientes deben acceder libremente a baños o servicios sanitarios “en el comercio en general y en los organismos del Estado” y que “no se podrá condicionar de modo alguno el libre acceso al baño o servicio sanitario de las entidades señaladas en el inciso anterior, a las personas que soliciten su acceso y se identifiquen como pacientes que tienen esta enfermedad o condición”.
Para acceder a estos servicios, cada paciente tiene dos alternativas para identificarse: una credencial emitida por una organización de pacientes registrada conforme a lo dispuesto por la Ley Ricarte Soto; o un certificado médico, extendido por un médico cirujano, que incluya su nombre completo, cédula de identidad y su debido registro en la Superintendencia de Salud.
Y aunque la normativa representa un importante avance en materia de no discriminación y de acceso, algunas voces apuntan a que todavía existe un desconocimiento importante sobre la existencia de la normativa, mientras otros apuntan a que este tipo de normas debieran incluso replicarse como obligatorias para otros servicios, incluyendo, por ejemplo, el Metro de Santiago.
El diputado Andrés Celis (RN), quien formó parte de la comisión mixta para la tramitación de la ley, sostuvo que “la necesidad de difusión y sobretodo concientización sigue siendo altísima. Y ojo que aquí hay una sanción de multa de 1 a 4 UTM, y en caso de reincidencia, puede llegar al doble
En conversación con Emol, Julián González, presidente de la Asociación Gremial del Barrio Bellavista, sostiene que desconocía que la ley había entrado en vigencia, y aunque subraya que “todo ciudadano debe cumplir con las leyes, sería importante que normas importantes como éstas tuvieran un poco más de difusión”.
Katia Trusich, Presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, sostuvo que “todos los centros comerciales disponen de servicios higiénicos para uso de sus visitantes. En el caso de las personas a que hace alusión la conocida como ‘No puedo esperar’, estos establecimientos cumplen integralmente la norma, ofreciendo acceso a este servicio sin restricciones. Vemos la entrada en vigencia de la normativa como una oportunidad para que contar con baños públicos sea una obligación también extensible a otros tipos de servicios, tales como organismos del Estado, estaciones de Metro, parques, centros de eventos, clubes deportivos que atienden público y otras entidades que reciben una alta afluencia de personas”.
los integrantes de la Fundación Carlos Quintana -con sede en Santiago y filiales en La Serena, Concepción y Temuco- conformada tanto para pacientes y padres de pacientes que buscan acompañar y entregar información sobre el tema. De hecho, están autorizados para otorgar credenciales a los pacientes que beneficia la ley.
“Esta ley obliga a muchas cosas, pero ninguna entidad ha expresado cómo debe ser. Si tú como paciente o fundación no haces una campaña, con esta ley no va a pasar absolutamente nada”.
Karen Tapia, representante fundación Carlos Quintana sede Temuco Hace algunas semanas, la sede de Temuco hizo un experimento social, donde varios pacientes acudieron al comercio local para solicitar los baños; y en algunas oportunidades lograron evidenciar el desconocimiento de empleados y vendedores; muchos de ellos, señalaron que “el jefe” del local no permitiría tal acción. No obstante, otros -aun sin conocer la ley- accedieron a facilitar el servicio higiénico. Y es que el clásico anuncio de “baño sólo para clientes”, no corre para los pacientes.
En conversación con Emol, Karen Tapia, representante de la fundación Carlos Quintana Temuco, comenta que “con esta ley no va a pasar nada si no hay un trabajo social para que conozca”. Por eso, incluso han logrado gestionar un convenio con el municipio, desde donde se comprometieron a la visibilización y difusión de la normativa y las enfermedades inflamatorias intestinales, mismo trabajo que consiguieron con la gobernación regional. Es más: también hacen entregas de credenciales a los pacientes, puesto que desde el Servicio de Salud les han mencionado que no lo pueden hacer “por tema de dineros y logística”.
Consultada por el rol que ha tenido el Minsal en la difusión de la normativa, Tapia reflexiona que “todos los días en este país se promulgan leyes, y nadie se pronuncia sobre ninguna, lo que es una debilidad que tenemos como país. Hay leyes para todos y la ciudadanía no se entera, porque se da por hecho que cuando aparece en el Diario Oficial, su conocimiento público.
En el fondo eso es catastrófico también para esta ley, porque no hay nadie que la difunda”. “Esto vincula incluso a la Cámara de Comercio, o incluso los bancos tienen que hacer un protocolo de seguridad, porque si las personas piden los baños, el banco tiene que acceder a que la gente lo utilice lo antes posible. Esta ley obliga a muchas cosas, pero ninguna entidad ha expresado cómo debe ser. Si tú como paciente o fundación no haces una campaña, con esta ley no va a pasar absolutamente nada”, remarca la representante.
FUENTE / emol