En el contexto de una visita a la comuna de San Bernardo la diputada Karen Medina, PDG, visitó la sede de la Cámara de Comercio local, donde se reunió con los dirigentes gremiales para intercambiar aspecto sobre la realidad que afecta al comercio local y las propuestas para dar solución a los conflictos.
En la reunión estuvieron presente Ángela San Juan, presidenta, junto a los dirigentes Pedro Zamorano, Fernando Ceardi, Sebastián Mery más los comerciantes, Leonardo Zúñiga y Víctor Mol.
En la reunión se planteó a la parlamentaria que el Congreso ha aprobado una serie de normas que benefician a los trabajadores, lo que está en el sentido correcto. Sin embargo, no se ha puesto el mismo énfasis en normas que protejan a las mipymes, lo que significa un problema mayor.
Los dirigentes gremiales explicaron que de no existir leyes que consideren la realidad de las pequeñas y medianas empresas, el problema económico para la población, los mismos trabajadores, el gobierno y el Estado se agudizará.
Hasta hace algunos años, explicaron, las pymes tenían una venta del 27% del mercado, lo que ha disminuido hasta el 13% en la actualidad. Asimismo, otorgan empleo a más del 50% de los trabajadores del país. Si se suman las obligaciones impuestas por ley que deben entrar en régimen paulatinamente, como las 40 horas y los aumentos del sueldo mínimo, entre otros, lo más probable es que micro, pequeñas y medianas empresas en un porcentaje considerable vayan a quiebra o despidan trabajadores y el resguardo de los empleados no servirá de mucho, porque no habrá empleadores.
El problema se torna más complicado para el sector comercio establecido. Primero, porque existe una diferencia en las compras, por precio y condiciones de pago ante los proveedores, entonces es imposible competir con las grandes empresas a la hora de llegar al precio final. De esta forma nace la concentración económica, fenómeno que se caracteriza por la presencia de un pequeño número de empresas que controlan una gran parte del mercado.
Le mencionaron que en su condición de parlamentaria podría promover medidas como la ley Robinson-Patman, que desde 1936 rige en Estados Unidos, regula el mercado y prohíbe la discriminación de precios.
Además, ante el cierre de pymes y despidos las personas cesantes deben subsistir y la opción es el comercio ambulante ilegal. A ellos deben sumarse los migrante. Todo significa una competencia desleal para el comercio establecido que paga arriendo, impuestos, empleados, patentes, servicios básicos, contra el comercio ilegal que paga nada.
Esto puede apreciarse en el sector centro de San Bernardo y en los diferentes territorios comunales, donde los “coleros” de las ferias libres han proliferado de manera exponencial en desmedro de los almacenes de barrios, que cada vez bajan más sus ventas y el surtido para los vecinos es también menor.
Los dirigentes manifestaron a la diputada representante del Partido de la Gente de la región del Bío Bío, que el Estado debe asumir un protagonismo mayor en el tema, de lo contrario el daño a los impuestos, comerciantes, trabajadores y población será mayor.
En la oportunidad se entregó un ejemplar del libro “El Comercio en San Bernardo… Su Historia, 50 Años”